La Suspensión Condicional del Proceso en el COPP

La Suspensión Condicional del Proceso en el COPP

En la actualidad, no basta con descongestionar los centros penitenciarios, hace falta un respaldo tecnológico y recursos humanos para contener la reincidencia delictiva.

En este sentido el Estado Venezolano debe contar con un sistema automatizado en el que pueda verificar  si quien fue imputado por la comisión de un delito termina reincidiendo mientras está sometido a una medida de coerción personal, la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 15 de junio de 2012, instauró como fórmula alternativa a la prosecución del proceso dentro del nuevo procedimiento especial de delitos menos graves la suspensión condicional del proceso para aquellos delitos de acción pública cuya pena no exceda de los ocho años en su límite máximo.

Del contenido de las disposiciones que regulan la mencionada fórmula alternativa se refleja que es accesible la obtención de dicha medida y de hecho ese es el espíritu del legislador, sin embargo perniciosamente en la práctica se ha dejado al margen la condición de la reparación de la víctima durante el lapso que se suspende el proceso, sobre todo si se analiza que el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal deriva en el sobreseimiento de la causa, lo que evita que la víctima puede activar el procedimiento para la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios para lo cual se requiere que se haya dictado una sentencia condenatoria y que la misma tenga el carácter de definitivamente firme, la cual no existiría si como se dijo el imputado cumple las condiciones que se le impusieron para suspender el proceso.

En este sentido, el hecho de que el procesado no esté en prisión es percibido entre la comunidad como un incremento de la inseguridad, sin embargo en la actualidad todo indica que en el mundo moderno se busca sustituir la prisionización por otras fórmulas distintas, apostando a un óptimo resultado. Lo que preocupa, es que en Venezuela parece que la solución está dirigida solo a descongestionar los centros penitenciarios pero sin  hacerle un efectivo seguimiento al cumplimiento de las condiciones que se impone y lo que es mas importante a la reparación de la víctima.

Por otro lado, existe una doble regulación en el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la Suspensión Condicional del Proceso, que abunda en un nuevo fenómeno que podríamos denominar “dispersión adjetiva penal” que se suma a la proliferación de leyes sustantivas penales. Así en el artículo 43 del COPP se establece que el imputado podrá solicitar al juez o jueza de control la suspensión condicional del proceso siempre que el solicitante admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo, y no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho, ni se hubiere acogido a esta alternativa dentro de los tres años anteriores. Además, si la víctima o el Ministerio Público se oponen a la suspensión, la misma no podrá efectuarse, esta disposición es la aplicable en casos de violencia de género aun buscan unificar criterios el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia  y llegar a un acuerdo de  si aplicar o no el 358 que rige el procedimiento especial, cuando se trate de delitos con mujeres como sujeto pasivo cuya pena no exceda de 8 años en su límite máximo. En este caso no puede dirimirse fácilmente el fuero de atracción que ya la jurisdicción de violencia de género es especial pero también lo es la del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves.

En el artículo 358 del mismo código se regula la misma institución, empero el legislador la modifica haciéndola más flexible en cuanto a los requisitos, puesto que sólo se limita a enunciar que la suspensión podrá acordarse desde la fase preparatoria, siempre que sea procedente y el imputado en la oportunidad de la audiencia de presentación así lo haya solicitado y acepte previamente el hecho que se le atribuye en la imputación. Aquí tenemos una inusitada situación que es la llamada “aceptación de la imputación” cuyo único antecedente legislativo en Venezuela es la admisión de los hechos objeto de la acusación, acusación que fue examinada y admitida en la audiencia preliminar, control al que no ha sido sometida la imputación en la primera audiencia a la que es sometido el procesado, lo anterior sin entrar a valorar la especie de condición de “declarar en su contra” que se le impone a quien pretende que se le suspenda el proceso, lo cual según el criterio de la mayoría contraviene el ordinal 5° del artículo 49 de la Constitución Nacional.

En este estado, solo resta esperar el análisis de los resultados en la aplicación de la suspensión condicional del proceso en el procedimiento especial para el juzgamiento de los menos graves, mientras que por vía del trabajo de la reparación social se están viendo favorecidas instituciones de ayuda social que necesitan de bastante apoyo, mas favorecidas en muchos casos que las propias víctimas.

El anterior artículo fue escrito por Silvia Katalina Perea como aporte doctrinario en su condición de abogada externa de la firma Asesoría Legal Corporativa, A.C. y reconoce la colaboración del Dr. Alberto Jurado Salazar para la publicación del mismo.